01/06/2002
La ley del silencio
Estamos en Europa a ver quién es el Gobierno más torpe con Internet. Pero por razones de cercanÃa geográfica me permitirán que me centre en España, porque es lo que me atañe.
El dÃa 30 de mayo el Parlamento Europeo aprobó una Directiva nefasta para Internet como explicamos en estas páginas y contra la que pueden firmar en español o gallego en el enlace que tenemos arriba y que dice SOS privacidad. Pero el Gobierno español tomó el rábano por las hojas y se decidió a ir un paso más allá y, a través del Grupo Popular, introduce unas enmiendas que hacen a la LSSI una criatura todavÃa más tenebrosa.
Parece que como ya no pintan oros en la Internet comercial y se ha acabado la alegrÃa puntocom, empieza la época de pintar bastos y vamos a andar a trompazo limpio con los internautas.
Los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de alojamiento de sitios web españoles tendrán que guardar durante un año los datos de tráfico de sus usuarios. Tienen una explicación detallada en estas páginas y les recomendamos que la lean antes de seguir.
El PP en un principio pretendÃa que los datos fueran accesibles a la policÃa, ahora ha decidido que lo sean para jueces y fiscales. En España los fiscales están sujetos a jerarquÃa, no son independientes en su actuación, dependen del fiscal general del Estado y, al fiscal general del Estado, en España, lo nombra el Gobierno. Cualquier investigación que cualquier fiscal de España lleve a cabo puede ser requerida por el fiscal general del Estado. ¿Se van aclarando por donde voy?
Imaginemos que un periodista crÃtico con el poder es investigado por la fiscalÃa. Sus datos de tráfico de Internet del último año serán demandados y en ellos se podrán leer las direcciones de correo electrónico de sus contactos, la frecuencia y duración de sus comunicaciones, los sitios web que ha visitado, sus contraseñas de acceso, sus nicks...
Este tipo de controles se impondrán en los sitios web alojados en España. DesdeGalicia.com no esta alojada en España ni falta que hace, añado. Ustedes saben que sus datos no serán revelados a terceros, ni siquiera a los fiscales españoles. Otros muchos habrán de sacar sus sitios web de España para poder decir lo mismo: sabia decisión de un gobierno que dice apoyar la nueva economÃa.
El derecho a la intimidad no parece tener ninguna importancia para el gobierno español y, he de reconocerlo, muchos españoles no tienen ningún apego a su intimidad. Quizá por nuestra falta de sentido de lo público y lo privado tenemos dificultades para entender que ni siquiera en EEUU con las nuevas leyes antitterroristas han podido aprobar una ley similar. En el Reino Unido proyectaban hacer una ley semejante pero el Gobierno ha reculado ante la oposición de la opinión pública y de los parlamentarios conservadores que seguramente tienen una idea más cabal de lo que es un estado liberal que los parlamentarios españoles. ¿Tendremos que esperar unos cuantos siglos para alcanzar la sabidurÃa polÃtica anglosajona?
El dÃa 30 de mayo el Parlamento Europeo aprobó una Directiva nefasta para Internet como explicamos en estas páginas y contra la que pueden firmar en español o gallego en el enlace que tenemos arriba y que dice SOS privacidad. Pero el Gobierno español tomó el rábano por las hojas y se decidió a ir un paso más allá y, a través del Grupo Popular, introduce unas enmiendas que hacen a la LSSI una criatura todavÃa más tenebrosa.
Parece que como ya no pintan oros en la Internet comercial y se ha acabado la alegrÃa puntocom, empieza la época de pintar bastos y vamos a andar a trompazo limpio con los internautas.
Los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de alojamiento de sitios web españoles tendrán que guardar durante un año los datos de tráfico de sus usuarios. Tienen una explicación detallada en estas páginas y les recomendamos que la lean antes de seguir.
El PP en un principio pretendÃa que los datos fueran accesibles a la policÃa, ahora ha decidido que lo sean para jueces y fiscales. En España los fiscales están sujetos a jerarquÃa, no son independientes en su actuación, dependen del fiscal general del Estado y, al fiscal general del Estado, en España, lo nombra el Gobierno. Cualquier investigación que cualquier fiscal de España lleve a cabo puede ser requerida por el fiscal general del Estado. ¿Se van aclarando por donde voy?
Imaginemos que un periodista crÃtico con el poder es investigado por la fiscalÃa. Sus datos de tráfico de Internet del último año serán demandados y en ellos se podrán leer las direcciones de correo electrónico de sus contactos, la frecuencia y duración de sus comunicaciones, los sitios web que ha visitado, sus contraseñas de acceso, sus nicks...
Este tipo de controles se impondrán en los sitios web alojados en España. DesdeGalicia.com no esta alojada en España ni falta que hace, añado. Ustedes saben que sus datos no serán revelados a terceros, ni siquiera a los fiscales españoles. Otros muchos habrán de sacar sus sitios web de España para poder decir lo mismo: sabia decisión de un gobierno que dice apoyar la nueva economÃa.
El derecho a la intimidad no parece tener ninguna importancia para el gobierno español y, he de reconocerlo, muchos españoles no tienen ningún apego a su intimidad. Quizá por nuestra falta de sentido de lo público y lo privado tenemos dificultades para entender que ni siquiera en EEUU con las nuevas leyes antitterroristas han podido aprobar una ley similar. En el Reino Unido proyectaban hacer una ley semejante pero el Gobierno ha reculado ante la oposición de la opinión pública y de los parlamentarios conservadores que seguramente tienen una idea más cabal de lo que es un estado liberal que los parlamentarios españoles. ¿Tendremos que esperar unos cuantos siglos para alcanzar la sabidurÃa polÃtica anglosajona?
Contactar con la autora: montse.doval@internetpolitica.com
